García Navarro, Luis González, Ricardo Ríos, Manuel Campos, Rafael León y Ángel Marrero, deberán devolver los importes concedidos por la Caja de Canarias a Vicente Boluda y Manuel Freire, dado que el dinero de aquella operación prestados por los citados empresarios no fue devuelto, amén de que se destinaran a pagos no contemplados en el acuerdo inicial, como se desveló posteriormente.
El magistrado Sebastián Sastre Palop emitió un voto particular en el que afirma que los empresarios Freire y Boluda sabían el riesgo que corrían al prestar el dinero, según este periódico digital, y resalta que la propia sentencia condenatoria de la Audiencia Provincial de Las Palmas de 30 de septiembre de 2010 recoge un informe de la administración concursal amarilla en la que se indica que las causas de disolución de la sociedad datan de la temporada 1996/97, y que la propia fórmula de la operación, denominada en la época "crédito-puente", ya daba a entender a las claras la insolvencia del club, que tuvo que recurrir a un préstamo indirecto a través de estos ocho empresarios.