Igualmente, conviene recordar que el artículo 39 de la Constitución Española recoge que la protección de las personas menores de edad, en cualquier ámbito de desarrollo, se convierten en una obligación prioritaria de los poderes públicos. El deporte es, sin duda uno de ellos y, como tal, la reciente aprobación de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, establece, para aquellas entidades que realizan actividades deportivas o de ocio con personas menores de edad, una serie de obligaciones para garantizar su bienestar y construir entornos seguros. Entre ellas; la obligación de disponer de protocolos de actuación ante cualquier situación de violencia, formación especializada y continuada en materia de derechos fundamentales de la infancia y la adolescencia, a todas aquellas personas que trabajen con menores, y la designación de la figura del Delegado de Protección del Menor. Por lo cual, el patronato de la Fundación UD Las Palmas aprobó, el pasado mes de julio, la Política de Protección de las Personas Menores de Edad, una iniciativa pionera, que asegura el cumplimiento de esta Ley e incluye una serie de medidas con el claro objetivo de garantizar el bienestar de los menores de edad que participen en las actividades de fútbol base del club.

Una Ley que obliga a los clubes de fútbol español a incorporar políticas de salvaguarda y respaldar la reciente figura del Delegado de Protección de la Infancia, que va a adquirir un papel protagonista para sensibilizar, prevenir y notificar cualquier situación de riesgo o violencia que afecte a los jóvenes deportistas, y que son responsables de informar sobre las políticas de protección, formar al personal relacionado con menores y utilizar campañas de sensibilización para garantizar entornos seguros en la práctica deportiva.

Paquito Ortiz, Defensor del Menor Fundación UD Las Palmas (20/11/2022).